Municipio
Iniciativa Ciudadana Villanueva de la Cañada Sostenible pide la paralización de los planes urbanísticos en Villanueva de la Cañada
4 de Octubre de 2007. 19:00
- Nota de Prensa Villanueva Sostenible
La asociación vecinal Iniciativa Ciudadana Villanueva de la Cañada Sostenible ante la gravísima situación que se ha puesto de manifiesto con la presentación de una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra D. Enrique Porto Rey (ex -Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid), D. Luis Partida Brunete (Alcalde de Villanueva de la Cañada) y la arquitecto y los técnicos de obras públicas y de medio ambiente del ayuntamiento, respectivamente Dª Juana María Manrique, D. José Gil y D. Luis Arrabal, desea poner en conocimiento público los siguientes puntos:
La asociación vecinal Iniciativa Ciudadana Villanueva de la Cañada Sostenible ante la gravísima situación que se ha puesto de manifiesto con la presentación de una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra D. Enrique Porto Rey (ex -Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid), D. Luis Partida Brunete (Alcalde de Villanueva de la Cañada) y la arquitecto y los técnicos de obras públicas y de medio ambiente del ayuntamiento, respectivamente Dª Juana María Manrique, D. José Gil y D. Luis Arrabal, desea poner en conocimiento público los siguientes puntos:
- Aunque la asociación vecinal ICVCS viene denunciando desde hace cuatro años en vía administrativa las actuaciones contra el medio ambiente y la ordenación territorial que se han venido produciendo en nuestro municipio a raíz del desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de 1.999, resulta escandaloso observar como de la lectura de la querella de la Fiscalía se apreciarían comportamientos que se alejan mucho de lo que debe ser la correcta gestión de las Administraciones y la honesta actividad de funcionarios y representantes públicos derivándose de ello posibles responsabilidades penales que dirimirán los Tribunales.
- Aunque como es obligado hay que partir de la presunción de inocencia, no es menos evidente que la situación en la que queda el municipio, el equipo de gobierno y las Concejalías afectadas, envueltos en un caso abierto de trama de corrupción urbanística, exige la adopción de medidas políticas y administrativas tendentes a asegurar el buen gobierno del municipio y a la reorientación de las actuaciones urbanísticas en curso, especialmente de aquellas sobre las que existen más que sospechas de irregularidades.
- Al igual que el Plan Parcial del Sector I se aprobó irregularmente, otros planes y proyectos se han aprobado de igual manera siguiendo las directrices de Enrique Porto y Luis Partida. Hay dos casos especialmente graves, el Plan Parcial del Sector III El Castillo, también revisado por Porto después de que anteriormente fuera rechazado en la Comunidad de Madrid en época de Gallardón, y donde más de un 30 % de la superficie del sector son montes preservados, terrenos forestales y del Parque Regional del Guadarrama. Y el Plan Especial de la Vía de Ronda, una carretera que se convirtió de un día para otro en vía urbana para evitar la tramitación de la evaluación de impacto ambiental y para facilitar la afección a montes preservados, arroyos, al parque de El Pinar e incluso a un colegio público, y donde se han eliminado centenares de árboles. Todo ello para dar servicio a los futuros desarrollos entre ellos el Sector I Los Pocillos cuya Junta de Compensación financia parcialmente las obras de la vía.
- Ante estos hechos ICVCS quiere manifestar su repulsa a las prácticas que han dado lugar a esta situación y entiende que deben producirse de inmediato dos situaciones que aseguren la normalidad de la gestión municipal y que ofrezcan garantías jurídicas al desarrollo de los proyectos urbanísticos:
1º.- En primer lugar, entendemos procede que quienes estén implicados en este caso deben darse de baja en sus cargos públicos o de funcionario para evitar en lo posible la mala imagen que ofrece un ayuntamiento dirigido y atendido por imputados en una trama de corrupción y que han podido cometer numerosos delitos económicos, ambientales y relacionados con el ejercicio de cargos públicos.
2º- En segundo lugar, y de especial importancia para ICVCS, se hace necesaria la paralización de la tramitación y ejecución de los planes urbanísticos derivados del Plan General de 1.999, y en concreto, los Planes Parciales de los Sectores I y III y el Plan Especial de la Vía de Ronda. En la paralización y revisión de los mismos debe actuar de oficio la Comunidad de Madrid, pues obviamente el Ayuntamiento no lo va a hacer. De no adoptarse esta medida no se entenderá socialmente que de situaciones tan graves no se observen consecuencias sobre el terreno. Y de poco o nada valdrá para los vecinos que se acuse o se encarcele a nadie si el objeto del delito sigue su curso desarrollándose como si nada pasara.
- ICVCS insta a la Comunidad de Madrid y a los partidos de la oposición en el municipio y en la Comunidad a que corrijan tanto desatino y que dejando aunque sólo sea una vez sus intereses de partido en un segundo plano se pongan al servicio de la legalidad y de los ciudadanos. En este sentido hasta la fecha ni la Comunidad de Madrid ni la FSM han dado muestras de actuar con seriedad ni rigor en un tema de gran sensibilidad social y por lo tanto se les debe exigir más claridad y contundencia en sus acciones.
- Aunque la asociación vecinal ICVCS viene denunciando desde hace cuatro años en vía administrativa las actuaciones contra el medio ambiente y la ordenación territorial que se han venido produciendo en nuestro municipio a raíz del desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de 1.999, resulta escandaloso observar como de la lectura de la querella de la Fiscalía se apreciarían comportamientos que se alejan mucho de lo que debe ser la correcta gestión de las Administraciones y la honesta actividad de funcionarios y representantes públicos derivándose de ello posibles responsabilidades penales que dirimirán los Tribunales.
- Aunque como es obligado hay que partir de la presunción de inocencia, no es menos evidente que la situación en la que queda el municipio, el equipo de gobierno y las Concejalías afectadas, envueltos en un caso abierto de trama de corrupción urbanística, exige la adopción de medidas políticas y administrativas tendentes a asegurar el buen gobierno del municipio y a la reorientación de las actuaciones urbanísticas en curso, especialmente de aquellas sobre las que existen más que sospechas de irregularidades.
- Al igual que el Plan Parcial del Sector I se aprobó irregularmente, otros planes y proyectos se han aprobado de igual manera siguiendo las directrices de Enrique Porto y Luis Partida. Hay dos casos especialmente graves, el Plan Parcial del Sector III El Castillo, también revisado por Porto después de que anteriormente fuera rechazado en la Comunidad de Madrid en época de Gallardón, y donde más de un 30 % de la superficie del sector son montes preservados, terrenos forestales y del Parque Regional del Guadarrama. Y el Plan Especial de la Vía de Ronda, una carretera que se convirtió de un día para otro en vía urbana para evitar la tramitación de la evaluación de impacto ambiental y para facilitar la afección a montes preservados, arroyos, al parque de El Pinar e incluso a un colegio público, y donde se han eliminado centenares de árboles. Todo ello para dar servicio a los futuros desarrollos entre ellos el Sector I Los Pocillos cuya Junta de Compensación financia parcialmente las obras de la vía.
- Ante estos hechos ICVCS quiere manifestar su repulsa a las prácticas que han dado lugar a esta situación y entiende que deben producirse de inmediato dos situaciones que aseguren la normalidad de la gestión municipal y que ofrezcan garantías jurídicas al desarrollo de los proyectos urbanísticos:
1º.- En primer lugar, entendemos procede que quienes estén implicados en este caso deben darse de baja en sus cargos públicos o de funcionario para evitar en lo posible la mala imagen que ofrece un ayuntamiento dirigido y atendido por imputados en una trama de corrupción y que han podido cometer numerosos delitos económicos, ambientales y relacionados con el ejercicio de cargos públicos.
2º- En segundo lugar, y de especial importancia para ICVCS, se hace necesaria la paralización de la tramitación y ejecución de los planes urbanísticos derivados del Plan General de 1.999, y en concreto, los Planes Parciales de los Sectores I y III y el Plan Especial de la Vía de Ronda. En la paralización y revisión de los mismos debe actuar de oficio la Comunidad de Madrid, pues obviamente el Ayuntamiento no lo va a hacer. De no adoptarse esta medida no se entenderá socialmente que de situaciones tan graves no se observen consecuencias sobre el terreno. Y de poco o nada valdrá para los vecinos que se acuse o se encarcele a nadie si el objeto del delito sigue su curso desarrollándose como si nada pasara.
- ICVCS insta a la Comunidad de Madrid y a los partidos de la oposición en el municipio y en la Comunidad a que corrijan tanto desatino y que dejando aunque sólo sea una vez sus intereses de partido en un segundo plano se pongan al servicio de la legalidad y de los ciudadanos. En este sentido hasta la fecha ni la Comunidad de Madrid ni la FSM han dado muestras de actuar con seriedad ni rigor en un tema de gran sensibilidad social y por lo tanto se les debe exigir más claridad y contundencia en sus acciones.
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